CONTRAVÍA: Las madres de Soacha: dos años después de ejecuciones extrajudiciales (2-2)

Colgado por  el 09/12/2010

Emisión: 5 de diciembre de 2010 # 232
El 23 de septiembre de 2008, once restos de jóvenes de desaparecidos del municipio de Soacha (Cundinamarca), que tenían entre 16 y 25 años, aparecen en Ocaña (Norte de Santander) como supuestos guerrilleros muertos en combates con el Ejército Nacional. El país conocía uno de los más aterradores escándalos de corrupción militar.
Dos años después de conocer el paradero de sus hijos, las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por primera vez, visitar el lugar donde fueron enterrados sus seres queridos. Las cámaras de Contravía llegaron a Ocaña, Norte de Santander, al nororiente colombiano, y acompañaros a las madres quienes piden justicia en los crímenes de sus hijos.
Actualmente la Procuraduría General de la Nación investiga disciplinariamente a 3717 miembros de la Fuerza Pública implicados en 1117 casos de ejecución extrajudicial, por su presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad.
Según la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación, en un informe de julio de 2010, hay 1369 casos de ejecuciones extrajudiciales que han cobrado 2445 víctimas, de las cuales 2181 son hombres, 118 mujeres y 126 menores de edad.

La Junta del Instituto Catalán Internacional por la Paz ha otorgado el Premio Constructores de Paz 2012 a Luz Marina Bernal, Carmenza Gómez, María Sanabria, Melida Bermúdez y Lucero Carmona, cinco mujeres que forman parte de un grupo de madres colombianas menudo mencionadas en los medios de comunicación como Madres de Soacha (una localidad cercana a Bogotá).

Las cinco madres han sido premiadas por el trabajo realizado a raíz de la ejecución extrajudicial de algunos de sus hijos por las fuerzas de seguridad colombiana.

Su trabajo, persistente y muy valiente, se ha convertido símbolo de las casi 3000 denuncias por ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2004 y 2008, y aún en curso de investigación judicial. Estas ejecuciones, además, se justificaron en posteriori con acusaciones que se han demostrado falsas, los llamados “falsos positivos “(“estos muchachos no iban a recogerlo café”, insinuando que eran guerrilleros muertos en combate).

Concretamente, la Junta destaca los siguientes motivos para otorgarles el Premio.

Primero, el coraje y ejemplaridad que representa su lucha: persistente, sin aceptar silencios, propuestas de indemnizaciones y sin dejar se asustó por coacciones. Al hacerlo, han dado testimonio de graves delitos, han impedido la impunidad, han preservado la memoria de los hechos y, además, han impulsado la necesidad de actuar del gobierno y de la justicia. Durante estos años han tenido de soportar diversas y continuadas formas de violencia, como muestran reiteradas amenazas del tipo “estamos respirando en su nuca” o “tenemos muchas balas para ustedes “y, incluso, otros asesinatos de familiares. Probablemente, las sentencias condenatorias de los pocos casos que hasta ahora se han visto en primera instancia habrían sido imposibles sin su actuación. Esta lucha se ha realizado en nivel nacional e internacional, con visitas a los Estados Unidos y en Europa y contactos con Naciones Unidas, en particular a través de su relator especial para las ejecuciones sumarias o arbitrarias.

Segundo, por su contribución a la creación de ciudadanía ya la defensa de la justicia y del estado de derecho, al mostrar que, para construir una paz duradera y sostenible, es necesario encontrar fórmulas que garanticen la satisfacción de la demanda de reconocimiento y justicia para las víctimas. Dicho de otro modo, por mostrar que la construcción de la paz exige satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular en casos tan claramente fuera del derecho como las ejecuciones extrajudiciales.

Tercero, por la importancia que tiene en este momento, al abrirse una fase esperanzadora en el largo conflicto armado colombiano con las conversaciones directas con las FARC, recordar que la paz exige siempre políticas de memoria y de pasado y, por tanto, mecanismos de derecho, justicia y reparación, imprescindibles para asegurar la reconstrucción, resolución y reconciliación de todo lo dañado durante la fase violenta del conflicto.

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